Nuestro futuro laboral y medioambiental precisa de una transición ecológica justa

No existe una receta única para fortalecer el mercado laboral zamorano, pero es evidente que su verdadero potencial reside en sus valores ambientales y culturales.

Hay que tomar aire antes de hablar del mercado de trabajo zamorano y, sobre todo, de su futuro. Su tendencia no invita al optimismo y es uno de los motivos que están detrás de una estructura demográfica envejecida y menguante que no presenta variaciones según las proyecciones ofrecidas desde el INE. Aunque sus debilidades son sobradamente conocidas, es muy relevante entender aquellos nuevos factores que van a explicar el futuro del empleo, pues es una de las claves a la hora de anticiparse a sus amenazas y aprovechar sus oportunidades.

Entre ellos, además del constante engrosamiento demográfico global (8.000 millones de personas en el mundo), del proceso de digitalización del empleo, la robotización y la irrupción de la inteligencia artificial de la denominada “Cuarta revolución Industrial”, del retranqueo de la globalización ante los movimientos geopolíticos más recientes, de la crisis energética y de materiales, etc., la OIT (Organización Internacional del Trabajo) nos señala que en el futuro del trabajo será decisivo el futuro medioambiental. Esto es así porque el medio ambiente y el mundo del trabajo están íntimamente relacionados a través de al menos tres vías:

1. Las evidencias científicas apuntan hacia una presión de la actividad económica tal sobre los ecosistemas que está provocando una “triple crisis” ecológica, producto del calentamiento global, de la pérdida de biodiversidad y de la contaminación. Este contexto compromete la capacidad del medio ambiente de purificar el agua y el aire, de regenerar los suelos y las poblaciones de flora y fauna, de controlar los flujos de agua y temperatura, entre muchos otros servicios ecosistémicos. El deterioro ambiental, al alterar los procesos naturales, amenaza su provisión y, consecuentemente, la de los puestos de trabajo que dependen de ellos.
2. Los desastres naturales significan pérdidas de vida y pérdidas materiales que afectan la productividad. El cambio climático provoca que las sequías, las inundaciones o los incendios forestales sean más frecuentes y extremos, lo que supone un grave trastorno de la actividad económica y social en muchos sectores económicos, como el agropecuario, el forestal, el energético o el turístico.
3. El deterioro ambiental acentúa la desigualdad porque los desastres naturales y la pérdida de servicios ecosistémicos afectan especialmente a la población y a las personas trabajadoras más vulnerables, pues son los que más dependen de forma directa de éstos. Su estrecha relación se convierte en una amenaza para la justicia social y en un mecanismo amplificador de la vulnerabilidad.

Parece razonable que, ante este escenario, la propia UE haya proyectado el Pacto Verde Europeo, que pretende una suerte de transición ecológica para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Aspira a transformar los modelos socioeconómicos continentales bajo parámetros sostenibles −con grandes inversiones que en nuestro país se centran en la digitalización de la economía, el coche eléctrico y el despliegue de las energías renovables y el hidrógeno verde−, una transición energética “verde” que está liderada en buena medida por grandes empresas y que no tiene muy en cuenta ni las aspiraciones de la sociedad civil organizada, ni la consideración de las contradicciones que nos han llevado hasta aquí, ni la mitigación de la desigualdad.

Pese a este contexto, es posible la adopción de un nuevo contrato social y ecológico, que debe pasar por un proyecto de futuro que reinicie un modelo de sociedad con justicia social y ambiental. Movimientos sociales como el ecologista o el sindicalismo tenemos claro que “no hay trabajo en un Planeta muerto”, por lo que la inacción debe apartarse/corregirse para diseñar una transición ecológica justa (TJE) que adopte políticas que anticipen las peores consecuencias del deterioro ambiental con la forzosa adaptación de los distintos sectores productivos a la “triple crisis”, lo que debe desembocar en una reestructuración del mercado laboral. La TEJ requiere del reconocimiento de los riesgos ambientales de las personas trabajadoras y de garantizar su participación en el diseño de las políticas ambientales dentro y fuera de las empresas, a través del diálogo social y la negociación colectiva, respectivamente. Requiere de la activación de mecanismos de justicia social a nivel institucional para que las personas trabajadoras y los territorios más vulnerables no paguen una crisis en la que acumulan más responsabilidad las grandes empresas y los más ricos. Supone condiciones laborales y de vida dignas y saludables basadas en un cambio cultural y de valores donde prime el bien común, la intervención pública y la participación colectiva y democrática.

No existe una receta única para fortalecer el mercado laboral zamorano, pero es evidente que su verdadero potencial reside en sus valores ambientales y culturales. Por ello, no cabe proyectar su futuro sin considerar el cuidado y protección de las bases ecológicas de su economía, anticipándose a las amenazas de la crisis socio-ecológica y entendiendo sus oportunidades para el empleo en un mundo más vivible. Tampoco sin planificar un camino para revertir la desigualdad social y de género y sin poner en el centro la vida, la salud y las necesidades de las personas más vulnerables y de las futuras generaciones, que debe ser imaginado con la participación activa de la sociedad civil organizada, de las personas trabajadoras y sus representantes, de las entidades científicas y educativas y las instituciones públicas.

Carlos Morales

Técnico medioambiental de UGT Zamora