Zamora se enfrenta a un exceso de proyectos fotovoltaicos fragmentados y sin ordenación

 

Mientras el oligopolio eléctrico solo piensa en la rentabilidad para sus accionistas de enormes instalaciones en tierra, 

los tejados de Zamora, Benavente, Toro y todos los pueblos de la provincia, 

siguen esperando el apoyo y asesoramiento de las instituciones para fomentar el autoconsumo.

Una burbuja especulativa que nos puede estallar en las manos 

Desde hace varias décadas toda la ciudadanía, comprometida con el medio ambiente y el cambio climático, venimos defendiendo la necesidad de una transición energética hacia un sistema basado en recursos renovables frente a los combustibles fósiles o radiactivos.

Pero no vale todo. Con el cambio legislativo, desde hace un par de años venimos asistiendo a un boom de proyectos fotovoltaicos (más de 200 en nuestra provincia), lo que debería ser una buena noticia si no fuera porque esta fiebre refleja un modelo de implantación desordenado, especulativo y gravoso para la ciudadanía y el medio.

La actual tramitación administrativa por parte de la Junta de Castilla y León hace caso omiso a una serie de irregularidades que se vienen detectando de forma reiterada. La principal y más grave es la fragmentación de lo que son enormes proyectos fotovoltaicos en otros más pequeños (siempre inferiores a 50 MW), con el fin de eludir su tramitación ante la Administración General del Estado.

Para enmascarar esta argucia, esos pequeños proyectos son presentados por sociedades limitadas creadas expresamente para ello, si bien es fácil comprobar cómo pertenecen todas ellas a una misma empresa matriz o participan de los mismos socios y administradores. La gran mayoría de estas empresas no tributan en nuestra Comunidad, al estar inscritas en registros mercantiles de otras comunidades o países diferentes, y están especializadas en la tramitación y ejecución de proyectos, que son luego vendidos a las grandes empresas eléctricas para su explotación. Esta situación generalizada supone un fraude de ley.

A esto se suma el gravísimo problema que supone la falta de una auténtica ordenación territorial, que incluya una detallada evaluación ambiental conjunta para cada provincia y para toda la región. 

Frente a este modelo especulativo, basado exclusivamente en el lucro empresarial, proponemos otro basado en principios democráticos, sociales y comunitarios que prioricen, entre otros, los siguientes aspectos: 

Producción de la electricidad sostenible y de proximidad: se debe generar en la zona donde se consume y, en todo lo posible, evitando utilizar para ello terrenos agrícolas productivos, concentrando las instalaciones en superficies como tejados de viviendas e industrias, zonas de aparcamiento, charcas de riegos, terrenos improductivos o alterados como canteras y graveras, etc.

La superficie total de generación en la provincia y en la comunidad debe estar equilibrada con sus necesidades de consumo eléctrico. Lo contrario, sin otras contraprestaciones, solo responde a un modelo productivo depredador y extractivista.

Otorgar facilidades y garantías para que comunidades de vecinos, colectivos de consumidores, entidades públicas locales y provinciales puedan implicarse como gestores de un autoconsumo ciudadano, frente a la actual acaparación de las grandes empresas. 

Por todo ello, y para evitar que la actual burbuja especulativa nos estalle en las manos, consideramos que se hace necesaria una moratoria en la concesión de estos proyectos mientras se procede de forma urgente a una ordenación y planificación estratégica que incluya garantías para que los proyectos más sociales y comunitarios, que son los que defendemos desde el ecologismo social, tengan todas las posibilidades de desarrollarse frente a la apisonadora del oligopolio. 

Nota: este texto es deudor del pronunciamiento de EEA de Extremadura, del que toma buena parte de su contenido.